Las firmas se preparan para aplicar la directiva europea que obliga a proteger de represalias a los alertadores de corrupción
Mar Uriarte, le empleada que denunció a la entidad bancaria donde trabajaba. Carlos Rosillo
“Cuando me despidieron después de volver de la baja no entendía nada.
Yo solo había hecho bien mi trabajo”. Mar Uriarte denunció al banco en
el que trabajaba, Bantierra Caja Rural de Aragón, por operaciones
sospechosas de blanqueo por parte de ciudadanos chinos. Lo pagó con un
despido, una depresión y el fin de su carrera profesional en banca:
nadie ha vuelto a contratarla. Uriarte relata su calvario junto a su
marido en una cafetería del centro de Madrid: “Salvo la Fiscalía
Anticorrupción, me han desprotegido todas las instituciones del Estado.
Si esto no cambia, nadie va a denunciar”. Además de la salud, Uriarte
se ha dejado miles de euros en abogados tanto para denunciar a los
directivos de la entidad como para defenderse. Sigue peleando: tiene
denunciada a España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva
de blanqueo.
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